Cuando se habla de
delitos informáticos la mayoría de la gente piensa en personas siniestras que
vulneran las plataformas de las compañías desde la internet. Sin embargo, la
realidad es distinta.
Según Mattica, el
primer laboratorio de investigación de delitos informáticos de América Latina,
los ‘hackers’ representan sólo el 5% de esta actividad delictiva. Los demás
casos, que generalmente involucran robo de información corporativa, son
cometidos por los mismos empleados.
Esta firma, que ha resuelto casos para la Interpol,
la ONU y múltiples agencias, desde hace tres apoya en Colombia a entidades
privadas y gubernamentales en la recolección y presentación de pruebas
digitales válidas para presentar en procesos administrativos y judiciales.
En diálogo con ElEspectador.com Andrés Velásquez, su director y fundador, explica el panorama de los delitos informáticos en Colombia, el impacto mediático de Anonymous y el verdadero alcance de la ciberguerra en América Latina.
En diálogo con ElEspectador.com Andrés Velásquez, su director y fundador, explica el panorama de los delitos informáticos en Colombia, el impacto mediático de Anonymous y el verdadero alcance de la ciberguerra en América Latina.
¿En qué consiste
el cómputo forense?
Es una disciplina
completamente reactiva que nos permite extraer, de forma íntegra sin ninguna
modificación, información contenida en cualquier dispositivo que tenga una
memoria para presentarla como prueba digital.
¿Qué es un delito
informático?
Es aquel acto
atípico antijurídico donde el acto es cometido utilizando como medio algún
soporte tecnológico o donde el fin es un elemento tecnológico, por ejemplo
cuando un servidor es blanco de un ciberataque o cuando información
confidencial de una entidad es alterada, lo que genera un daño.
¿Cómo está el
panorama en Colombia?
El país es un
pionero en la legislación de este tema con la Ley 1273 de 2009, mediante la
cual tipificó algunos delitos informáticos que en otros países no están
tipificados, como la negación de servicio, y además clarifica temas como fraude
cibernético, suplantación de identidad y demás.
Otro avance es que
Colombia fue el primer país que entendió para qué puede servir la investigación
digital precisamente a partir de lo que se hizo con los computadores de ‘Raúl
Reyes’, es decir la gente entiende que a partir de un computador se puede
recuperar información, que se puede utilizar para investigar un caso en
particular, cosa que no pasa en otros países.
¿Cuáles son los
más comunes?
Si hablamos de
delitos informáticos, donde se ve vulnerada la información, la lista la
encabeza el robo de secretos industriales o de derechos de autor, la
difamación, el espionaje industrial y, en general, todo el tema de fraude
corporativo.
A diferencia de lo
que piensa la mayoría de la gente, los famosos hackers, personas que desde
afuera vulneran las plataformas y la información, representan el nivel más bajo
de esta actividad delictiva, con menos del 5%. Porque realmente el enemigo está
dentro de las misma organizaciones, es decir, generalmente, los empleados son
los que roban la información, la comparten, la dañan, y no las personas
externas a la empresas.
Entonces ¿los
empleados son más peligrosos que los mismos ‘hackers’?
Sí lo son. De
hecho, la estadística nos demuestra que cerca del 80% de los casos que
involucran robo de información en las empresas es por los mismos empleados. Un
caso común es el de un ejecutivo que se retira de una empresa y en una memoria USB
o cualquier otro medio digital se lleva información confidencial a la
competencia. Las pérdidas que esto genera pueden ir desde inversiones en
sistemas de seguridad, hasta la cobertura de indemnizaciones, campañas de
imagen, pérdida de competitividad, baja de acciones, etc.
¿Qué pasa con
Anonymous?
Es un movimiento
hacktivista que utiliza las redes sociales para llegar a compartir unas ideas,
sus ataques son formas de protesta ante la coyuntura. En este caso lo que han
logrado es una gran expectativa. Con sus ataques de negación de servicio
(conocidos como DDos) no hay intrusión, sino que bloquean sitios web y no dejan
que otras personas puedan acceder a éstos.
Pero han tumbado
páginas gubernamentales…
En este caso lo
que nos debería preocupar es el ciberterrorismo o la ciberguerra, y en América
Latina no existe la posibilidad de que esto ocurra, porque aquí la
infraestructura no está conectada a internet. En el caso de Estados Unidos sí
puede haber una amenaza real, porque tienen conectado suministros de gas y de
agua directamente a la web. En el caso de América Latina no tenemos
infraestructura crítica conectada a la internet.
Y cuando los
ciberataques son realizados desde otros países...
En este caso no
tenemos la posibilidad de hacer la captura, porque se necesita la cooperación
de otros gobiernos y en algunos países no existen esos acuerdos. Cuando
hablamos de ciberdelincuencia cada país considera de manera diferente lo que es
un ciberdelito, por ejemplo en China, si alguien vulnera un servidor es pena de
muerte. En América Latina hay países donde eso ni siquiera está legislado,
entonces hay muchas diferencias y esto dificulta la labor.
Entonces en el
país, ¿cuántos casos de delitos informáticos se judicializan al mes?
Probablemente no
hay cifras, pero en los casos que manejamos entre el 10 y el 15% se
judicializan.
¿Cómo está la
legislación colombiana en esta materia?
Precisamente
Colombia es uno de los países más avanzados en este aspecto. La ley tipificó
algunos delitos informáticos que en otros países no lo están. Lo que se hizo
fue convertir la información en un bien tutelado, es decir, que se pueda
legislar en la información, cosa que no pasa en México ni en Centroamérica.
Aunque también hay una gran confusión jurídica, en ese sentido la ley va muy detrás
de la tecnología y eso hace que sea muy difícil legislarlo todo.
Camilo
Pérez G. | elespectador.com
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